Ea Extranjería Abogados

Recientemente, específicamente el 8 de octubre de dos mil veinte, el Tribunal de Justicia de la UE, ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mácula, en donde se dilucidaba un tema de expulsión del territorio nacional incoado por la Subdelegación del Gobierno de Toledo. El contexto de los hechos es el siguiente: El 14 de enero de 2017, la Comisaría de Talavera de la Reina (Toledo) acordó iniciar expediente sancionador de expulsión, gestionado mediante procedimiento de carácter preferente, a un ciudadano extranjero de origen colombiano, por una posible infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería. En la instrucción del expediente, el inmigrante relató haber ingresado en España en 2009, a la edad de diecisiete años, a través de visado y permiso de residencia expedido a efectos de reagrupación familiar con su madre. Presentó un pasaporte en vigor hasta el 24 de diciembre de dos mil dieciocho, una tarjeta de residencia con vigencia hasta dos mil trece y un empadronamiento en Talavera de la Reina efectuado a lo largo de 2015. Aseveró que, durante la estancia en España, había trabajado habitualmente y aportó múltiples contratos, informe de vida laboral y certificado de libreta bancaria. Declaró carecer de antecedentes penales y tener domicilio fijo en Talavera de la Reina. Aportó también otros documentos, entre ellos un carné de la biblioteca pública, una tarjeta sanitaria y diversos certificados de cursos y acciones formativas oficiales. Con data tres de febrero de 2017, el Subdelegado del Gobierno en Toledo (en adelante, «Subdelegado del Gobierno») dictó decisión de expulsión contra el ciudadano extracomunitario, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra a), de la Ley de extranjería, con prohibición de reingreso en territorio nacional a lo largo de 5 años. Al respecto, el Subdelegado del Gobierno invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene dejando la expulsión cuando se sume a la estancia ilegal algún elemento negativo en la conducta del interesado. En el procedimiento principal, tales circunstancias negativas eran que el interesado no justificaba la entrada en España por puesto habilitado ni el tiempo de vivienda que llevaba en el Estado miembro, encontrándose absolutamente indocumentado. Además de esto, el Subdelegado del Gobierno concluyó que con la expulsión no se le produciría al inmigrante desarraigo familiar, pues no acreditaba vínculos con familiares residentes legales en línea directa. Contra la decisión de expulsión del Subdelegado del Gobierno, el inmigrante interpuso recurso frente al correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo. Dicho recurso fue desechado. Contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el inmigrante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mácula. Este último órgano jurisdiccional expedidor precisa que la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo a que se refiere el apartado dieciseis de la presente sentencia pasó a ser Ley con la modificación legislativa introducida por la Ley Orgánica 2/2009. El órgano jurisdiccional remitente considera que el Subdelegado del Gobierno incurrió en fallo al aducir circunstancias negativas en la conducta del ciudadano extranjero, ya que este presentó en el procedimiento un pasaporte en vigor, un visado de entrada en territorio nacional y los permisos de residencia de que dispuso hasta el momento en que en 2013 dejó de renovarlos, y en tanto que constan su arraigo social y familiar. En lo que se refiere a la conducta del inmigrante, el órgano jurisdiccional expedidor observa que en autos no consta circunstancia negativa alguna adicional a la mera estancia irregular del interesado en España. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional expedidor se plantea las consecuencias que tengan que extraerse de la sentencia de veintitres de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), al examinar la situación del ciudadano extranjero. Señala que, en tal sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de dicho Estado miembro, impone, en dependencia de las circunstancias, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí. A juicio del órgano jurisdiccional expedidor, en el caso de autos, la situación del inmigrante queda regulada por la misma normativa nacional que era de aplicación en el tema en que recayó la mentada sentencia del Tribunal de Justicia. Añade que, conforme interpretaba el Tribunal Supremo antes que se dictara esa sentencia, la expulsión del territorio español de nacionales de terceros países que se encontrasen ilegalmente en el Estado miembro solo podía ordenarse si existían motivos auxiliares de agravación. El órgano jurisdiccional expedidor indica que, después de que se dictara la sentencia de veintitres de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), el Tribunal Supremo decretó, entre otras muchas en una sentencia de treinta de mayo de 2019, que las autoridades administrativas y judiciales españolas están habilitadas para inaplicar las previsiones de la Ley de extranjería sobre la precedencia de la sanción de multa y la necesidad de motivación explícita de la expulsión por la existencia de motivos agravantes. Con ello, conforme el órgano jurisdiccional expedidor, el Tribunal Supremo aplicó directamente la Directiva 2008/115, en perjuicio del interesado y con agravación de su responsabilidad penal, ya que, a raíz de la sentencia de 23 de abril de dos mil quince, Zaizoune (C 38/14, EU:C:2015:260), los tribunales españoles quedaron obligados a aplicar de forma directa esa Directiva, incluso en perjuicio de los interesados. El órgano jurisdiccional expedidor duda que en el litigio principal resulte posible invocar de forma directa lo dispuesto en la Directiva 2008/115 para ordenar la expulsión del inmigrante incluso cuando no existan motivos agravantes adicionales a la estancia ilegal del interesado en territorio nacional. Recuerda al respecto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que descarta la aplicación directa frente a los particulares de lo preparado en las directivas, y particularmente las sentencias de veintiseis de febrero de 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84), y de once de junio de 1987, X (14/86, EU:C:1987:275). Se refiere, además de esto, a la sentencia de 5 de diciembre de dos mil diecisiete, M.A.S. y M.B. (C 42/17, EU:C:2017:936), que entiende que pone límites a la obligación de interpretación conforme con las directivas, habida cuenta del principio de legalidad de los delitos y las penas. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mácula acordó suspender el procedimiento y proponer al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «Si es compatible con la doctrina de ese Tribunal de Justicia de la UE relativa a los límites del efecto directo de las Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (tema C 38/14, Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación directa de la Directiva 2008/115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión y también inaplicación de disposiciones internas más ventajosas en materia sancionadora, con empeoramiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la normativa española a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino más bien por la de una reforma legal, o por las vías previstas en el Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas.» En suma, la cuestión prejudicial en esencia es: si la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en el caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o una sanción de multa, o la expulsión, teniendo presente que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, auxiliares a su situación irregular, la autoridad nacional competente pueda basarse de forma directa en lo preparado en la Directiva para adoptar una resolución de retorno y hacer cumplir dicha resolución incluso cuando no existan circunstancias agravantes. Resolviendo la cuestión prejudicial planteada, la Gran Sala, precisó que es preciso rememorar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las directivas no pueden, por sí solas, crear obligaciones a cargo de los particulares, puesto que los Estados miembros no pueden invocar las disposiciones de las directivas, en su calidad de semejantes, contra dichas personas (véanse, en ese sentido, las sentencias de veintiseis de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, apartado cuarenta y ocho, y de doce de diciembre de 2013, Portgás, C 425/12, EU:C:2013:829, apartado 22). Por ende, si la normativa nacional que es de aplicación al extranjero en el pleito principal establece que, a los efectos de dicha normativa, la expulsión de los nacionales de terceros países que se encuentren en territorio español solo puede ordenarse si existen circunstancias agravantes en la persona de tales nacionales, auxiliares a su situación irregular, y esa normativa no puede interpretarse conforme a la Directiva 2008/115, extremo que corresponde revisar al órgano jurisdiccional expedidor, el Estado miembro no va a poder fundamentarse de manera directa en tal Directiva para, a los efectos de lo preparado en ella, adoptar una resolución de retorno respecto del extranjero y hacer cumplir esta incluso cuando no existan circunstancias agravantes. En definitiva, la Gran Sala concluyó que: ha de responderse a la cuestión prejudicial planteada que la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en el caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo presente que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no va a poder basarse de forma directa en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes. Puede preguntar el documento oficial en el próximo link. abogados especializados en extranjeria Para más información puedes mandar un e-mail o bien llamar para pedir una cita al 910240801.